Un monitoreo a siete instituciones públicas encargadas de la atención a estas personas reveló que el Estado emplea en ellas menos de 100 quetzales (unos 13 dólares al cambio oficial).
'Ser una persona con discapacidad es una desventaja en el tema de inclusión, acceso a la información, a la salud, al trabajo', advirtió Carmen Lucía Guerrero, del Observatorio para el Cumplimiento de los Derechos de estas personas.
Los resultados del estudio demuestran que este país centroamericano invierte tan solo el 0,68 por ciento de su presupuesto para satisfacer los derechos de alrededor de un millón 600 mil guatemaltecos con alguna discapacidad.
El Ministerio de Educación fue una de las instituciones bajo la lupa del Observatorio, que valoró de insuficiente durante 2018 los recursos destinados a becas para niñas y adolescentes con problemas visuales, auditivos y de movilidad.
En el área de salud, asegura el documento, no existe un programa específico para la población con discapacidad, pues los insumos se reparten a organizaciones no gubernamentales, fundaciones y otras entidaddes.
Al evaluar la actuación del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, el Observatorio encontró que la mayoría del gasto se emplea en funcionamiento y solo un 31 por ciento llega a programas de justicia y seguridad ciudadana, incidencia política, participación y desarrollo institucional.
A juicio de los investigadores, hay indiferencia por parte de los tomadores de decisiones a pesar de que Guatemala ratificó la convención sobre los derechos de personas con discapacidad de Naciones Unidas.
'Este pasa a ser un documento más que el país firma sin necesariamente darle cumplimento', concluyó el primer monitoreo del tema, que abarcó también el desempeño de la cartera de Asistencia Social, Trabajo y Previsión Social, y la Secretaría Presidencial de la Mujer.
El análisis subraya que la Política Nacional de Discapacidad carece de vigencia clara y presupuesto específico para su implementación, seguimiento y evaluación.
Asimismo, está desactualizada, por lo que recomiendan su reevaluación y que las instituciones que intervienen trasladen información fiable.